Se trata de una iniciativa impulsada por PwC y AENOR que analiza el grado de integración de los criterios ESG en la contratación pública y los principales retos para avanzar hacia una construcción sostenible desde una perspectiva integral.

La sede de PwC acogió el pasado 28 de septiembre la presentación del primer informe del Observatorio de Construcción Sostenible en las Administraciones públicas, una iniciativa impulsada por PwC y AENOR que analiza el grado de integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la contratación pública y los principales retos para avanzar hacia una construcción sostenible desde una perspectiva integral.

La jornada fue inaugurada por Miren Tellería, socia responsable del sector inmobiliario de PwC, quien destacó la necesidad de reducir la distancia entre los compromisos adquiridos en materia de sostenibilidad y su aplicación efectiva en los proyectos. A continuación, Fernando Belbel, director del Departamento de Derecho Público y Derecho Regulatorio de PwC, presentó las principales conclusiones del estudio, poniendo de relieve los avances registrados en los últimos años, aunque también los desafíos pendientes para garantizar una medición y un impacto real de los criterios de sostenibilidad en la contratación pública.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la mesa redonda moderada por Yolanda Villaseñor, directora Corporativa de Certificación de Producto de AENOR, en la que representantes de distintos ámbitos de la cadena de valor de la construcción debatieron sobre los principales desafíos para impulsar una transformación sostenible del sector. Entre las cuestiones abordadas destacaron la trazabilidad de los compromisos ESG, la necesidad de métricas verificables, el papel de la financiación sostenible y la capacidad de la contratación pública para acelerar el cambio.

Durante el debate, César Frías, CEO de Morph, puso el foco en la dificultad de mantener los compromisos de sostenibilidad durante la ejecución de los proyectos. Por su parte, Cristina Mínguez, responsable de la implementación operativa de criterios ESG y Taxonomía Europea en proyectos de construcción e infraestructuras de ACCIONA, destacó el impulso que están ejerciendo la taxonomía europea y la financiación sostenible. Guillermo Estévez, CEO de Gradual Homes (Pryconsa), subrayó que la sostenibilidad representa también una oportunidad para generar valor y competitividad.

Asimismo, Ignacio Cortés, vicepresidente del Observatorio de Construcción Sostenible en las Administraciones públicas, defendió la importancia de reconocer y medir adecuadamente los esfuerzos realizados por la industria de los materiales, mientras que Jaime Salido, de Gewiss Ibérica, abogó por la implantación de criterios homogéneos y verificables a lo largo de toda la cadena de suministro. 

Por su parte, Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, señaló que "tenemos un sector que piensa y diseña con tecnologías del siglo XXI, licita con normativa del siglo XX y construye con técnicas gremiales del siglo XIX".

El cierre del acto corrió a cargo de Alfredo Berges, presidente del Observatorio de Construcción Sostenible en las Administraciones públicas, quien recordó uno de los datos más reveladores del informe: de los 300 pliegos de contratación pública analizados, solo el 14 % incorpora de forma amplia criterios de sostenibilidad. 

El informe, elaborado por AENOR y PwC, analiza 300 pliegos de contratación correspondientes a 100 entidades públicas y concluye que la sostenibilidad está cada vez más presente en la contratación pública española, aunque persiste un importante desequilibrio entre las dimensiones ambiental, social y de gobernanza. En concreto, los criterios ambientales representan el 63 % de las cláusulas analizadas, frente al 25 % de gobernanza y el 13 % de carácter social. 

Entre las principales conclusiones del estudio destaca la necesidad de avanzar hacia una visión más integral de la construcción sostenible, reforzando la presencia de criterios ESG equilibrados, la trazabilidad de los compromisos adquiridos y la incorporación de indicadores medibles y verificables que permitan evaluar su cumplimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos.